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Tras huir del conflicto armado, los refugiados colombianos a menudo buscan refugio en Esmeraldas, Ecuador, una ciudad fronteriza con Colombia, en la costa del Pacífico (Christian Fuchs/JRS)
Quito, 14 de octubre de 2013 - Cuando Ecuador promulgó su nueva Constitución en octubre de 2008, el mundo entero lo celebró. Entre sus muchos logros estaba el apartado 6 del artículo 416, que propugnaba los principios de ciudadanía universal y libertad de circulación de todos los habitantes del planeta. Sin embargo, apenas cinco años después, hacer respetar los hermosos principios que la sustentaban ha resultado ser más difícil de lo que al inicio supusieron los observadores.

Las disposiciones de la nueva Constitución trascendían el marco jurídico-político tradicional del Estado-nación moderno, que apunta a ese ideal cosmopolita, tan arraigado en la tradición cristiana, kantiana, humanista. "Ciudadanía universal", "libertad de movimiento", "reconocimiento del derecho a emigrar", y "progresivo fin de la condición de extranjero", figuran entre otros conceptos adoptados en este nuevo paradigma de la migración.

La Constitución destaca la necesidad de un nuevo orden jurídico en la región, en el que la protección de los derechos humanos tenga prioridad sobre el control de fronteras, la soberanía política, la seguridad nacional y otras restricciones del Estado-nación moderno.

Desde aquel viernes 20 de junio de 2008 quedaban suprimidos los requisitos de visado para los ciudadanos extranjeros que permanecieran en el país por menos de 90 días. Correa sostuvo que, con esta disposición, Ecuador estaba "desmantelando ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas". ¡Un nuevo paradigma de la integración latinoamericana y caribeña parecía asomar!

Endurecimiento de la política de migración y asil. El aumento de la inmigración a Ecuador ya había comenzado antes de la adopción de la política de "fronteras abiertas" o "ciudadanía universal" de 2008. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Migración reconocía que el saldo migratorio de colombianos y peruanos era de 706.339 entre 2000 y 2006, en comparación con los 65.147 ciudadanos extranjeros residentes en el país en 2001.

Sin embargo, los acontecimientos pronto comenzaron a cambiar para peor. A partir de 2008, los haitianos, cubanos, e incluso los migrantes de fuera del continente comenzaron a llegar en números significativos. Con este telón de fondo, el gobierno ecuatoriano volvió a establecer visados para los ciudadanos de ciertos países: primero fueron los chinos, en diciembre de 2009, luego, en septiembre de 2010, los afganos, bangladesíes, etíopes, kenianos, nepalíes, nigerianos, pakistaníes y somalíes.

A pesar de la generosa política adoptada en el pasado hacia los refugiados - Ecuador acoge más refugiados que cualquier otro país de la región - el progresivo endurecimiento de la política migratoria se repitió para quienes buscan asilo.

Mientras que el decreto 3301 de 1992, de acuerdo con la Declaración de Cartagena, garantiza la protección a los que huyen porque sus vidas están amenazadas, por la inseguridad debida a la violencia generalizada y por las violaciones masivas de los derechos humanos, el decreto de 2012 limita la concesión de protección a quienes huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. En otras palabras, el decreto de 2012 es mucho más restrictivo y no refleja la realidad sobre el terreno.

Los motivos de protección, tal y como establecía la Declaración de Cartagena, "son un hito en la tradición de los derechos humanos en América Latina". Proporcionan protección a las personas que huyen de conflictos armados y otras situaciones que están fuera del ámbito de competencias de otros instrumentos internacionales de derechos humanos tradicionales, tales como la Convención de 1951 de la ONU para los Refugiados. Es más, esta declaración "es necesaria para garantizar la protección de los miles de refugiados que huyen de conflictos armados y de la violencia generalizada, como es el caso de Colombia".

Las organizaciones de derechos humanos coinciden casi unánimemente en que la restricción de la definición de refugiado puede dejar desprotegidos a un gran número de colombianos que buscan asilo en Ecuador; además, un gran número de ellos quedarían como inmigrantes indocumentados. El endurecimiento de la política de migración y asilo muestra tanto un retroceso de la hospitalidad de Ecuador, como de los principios proclamados por la Constitución ecuatoriana de 2008.

Wooldy Edson Louidor, coordinador de comunicación del JRS LAC